Un jurista enfurecido
El derecho no es un edificio de mármol: es una construcción humana, frágil, contradictoria, hecha de palabras, silencios y heridas. No nace del vacío, sino de la experiencia colectiva; de la historia que nos atraviesa y de los cuerpos que la encarnan. Por eso, pensar el derecho es pensar también el poder, las relaciones que lo sostienen, las jerarquías que lo legitiman y las exclusiones que produce. Durante siglos se nos enseñó que la justicia debía ser ciega, neutral, impersonal. Pero la supuesta ceguera de la justicia no fue inocente: vio con claridad a quienes tenían voz y apartó la mirada de quienes no la tenían. La imparcialidad, entendida como ausencia de humanidad, ha servido muchas veces para perpetuar desigualdades bajo el disfraz del equilibrio. Sostengo que la imparcialidad no consiste en negar nuestras convicciones, sino en conocerlas; no en fingir neutralidad, sino en asumir responsabilidad. El jurista no es un autómata que aplica normas, sino una conciencia que interpreta el mundo. Y toda interpretación nace de una historia, de una sensibilidad, de una posición en el tejido social. La justicia, cuando pretende despojarse de humanidad, termina despojándose también de justicia. Mi mirada sobre el derecho parte de una certeza incómoda: el ideal de neutralidad absoluta es imposible, pero su búsqueda —honesta, consciente, crítica— es necesaria. La imparcialidad debe entenderse como una ética del límite, como la disciplina de quien reconoce sus sesgos y, en lugar de negarlos, los somete a la luz del examen público. La justicia se vuelve más justa no cuando pretende ser perfecta, sino cuando se atreve a ser transparente. Incorporar una perspectiva de género en el pensamiento jurídico no es añadir un matiz: es reescribir el mapa entero. Es reconocer que el derecho, en su origen y en su práctica, ha hablado con voz masculina, universalizando una experiencia parcial y llamándola “neutralidad”. Es comprender que el patriarcado también habita en los códigos, en los procedimientos, en las sentencias, en los silencios institucionales que legitiman la desigualdad. Desde esa conciencia, reivindico una justicia que no tema mirar de frente la realidad de las mujeres y de las disidencias, las violencias naturalizadas, las exclusiones históricas. Una justicia que escuche, que se deje afectar, que entienda que la empatía no es debilidad, sino una forma superior de rigor ético. La equidad no se logra silenciando las diferencias, sino reconociéndolas. El jurista del siglo XXI no puede refugiarse en la comodidad del formalismo. Su deber es ético y político: examinar cómo las leyes producen efectos desiguales, cómo el poder se disfraza de imparcialidad, cómo el lenguaje jurídico puede, si no se revisa, reproducir los mismos privilegios que dice combatir. Pensar el derecho, entonces, no es proteger un orden, sino mantener abierta la posibilidad de transformarlo. Creo en una justicia lúcida, consciente de su humanidad y de su inacabamiento. Una justicia que entienda que toda decisión tiene un rostro, que detrás de cada expediente hay una vida, y que el mayor peligro para el derecho es olvidar que su sentido último es la dignidad humana. No busco una justicia sin alma, sino una justicia que piense con el alma despierta. No aspiro a una imparcialidad mecánica, sino a una imparcialidad consciente. No defiendo una ley que inmoviliza, sino una ley que se deja interpelar. Porque la verdadera imparcialidad no consiste en mirar sin ver, sino en mirar con honestidad; en comprender que no hay justicia sin humanidad, ni humanidad sin memoria, ni memoria sin compromiso. Y ese compromiso —con la verdad, con la dignidad, con la igualdad— es, para mí, la única forma posible de ejercer el derecho con justicia.